Preocupante retroceso de la frontera agrícola fortalecería la desigualdad en los territorios rurales

Investigadora plantea la necesidad de que las nuevas autoridades generen cambios en el modo de enfrentar el declive de los territorios agrarios en Chile.

A partir de los datos entregados por el VIII Censo agropecuario, desde la Universidad de Los Lagos surge un análisis crítico frente a la realidad actual del mundo agrícola. Las cifras son reveladoras: entre los años 2021 y 2007, disminuyó de manera importante la superficie agrícola, Chile cuenta con 57,6 hectáreas menos de cereales; 33,3 mil hectáreas menos de hortalizas y 22,6 mil hectáreas menos de leguminosas y tubérculos. Por otro lado, la disminución de masa ganadera es también relevante. El país ha perdido en el mismo período 1,3 millones de cabezas de bovino; 1,2 millones de cabezas de ovino y 557 mil cabezas de porcinos. Importante mencionar que este análisis en torno a la superficie refleja un importante indicador de pérdida de territorios agrícolas, que estaría incidiendo en el mundo rural chileno.

La directora de investigación de la ULagos, Dra. Sandra Ríos, comenta que “la recién promulgada Política Nacional de Desarrollo Rural declara tener como objetivo: mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, contribuyendo así a un mayor equilibrio territorial del país, potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño. Así, los resultados del VII Censo, se presentan como una importante preocupación para alcanzar este objetivo”.

Desigualdad rural

Según la investigadora, Chile se habría caracterizado en los últimos años por profundizar la desigualdad de los territorios rurales principalmente por dos razones: primero por la dificultad del mercado para remunerar las diversas funciones no productivas que los sistemas agrarios generan en territorios rurales, y segundo debido a la implementación ineficaz de las políticas públicas para asegurar y potenciar el carácter multifuncional de la agricultura y, consecuentemente, mantener el tejido rural.

“La no consideración de las múltiples funciones de la agricultura en el diseño de políticas agrarias y de desarrollo rural, está generando el riesgo de desaparición de la actividad agrícola en aquellos territorios que no alcanzan un nivel mínimo de competitividad de mercado, al considerarse, exclusivamente, su función productiva e ignorando el resto de beneficios no productivos asociados a dichos sistemas agrarios. Este abandono supone una pérdida del bienestar del conjunto de la sociedad debido a la reducción de la oferta de bienes y servicios ambientales (biodiversidad, paisaje, equilibrio de los agroecosistemas, etc.) y sociales (mantenimiento de la población rural, conservación del patrimonio cultural, etc.) demandados por una sociedad cada vez más concientizada por la alimentación saludable, el deterioro de los ecosistemas y la valorización de mundo rural”, explica Sandra Ríos.

Finalmente, la directora de investigación plantea la necesidad de que las nuevas autoridades generen cambios en el modo de enfrentar el declive de los territorios agrarios en Chile: “El desafío para los nuevos gobernantes en el país no es menor. Primero, será clave considerar en el diseño e implementación de política pública la multifuncionalidad agraria, entendida como el reconocimiento de que la agricultura no sólo provee de materias primas y alimentos, derivadas de su naturaleza productiva, sino además tiene otras funciones no productivas como lo son las ambientales, sociales, culturales asociadas a un territorio particular. Y en segundo lugar, la reciente Política Nacional de Desarrollo Rural va a requerir trabajar de manera coordinada y con visión estratégica con otros Ministerios, para trascender el foco sectorial en su implementación. Por tanto, la política agraria debe hacerse cargo de esta multifuncionalidad, diseñando mecanismos de fomento que partan de la consideración de que las desigualdades generadas por las propias dinámicas del mercado, deben ser identificadas y corregidas por una integrada, responsable y solidaria participación de los poderes públicos.